Casos Por - Lunes 6 de abril del 2015

Una Reflexión Acerca de los Conflictos Sociales

El Estado, no solo las empresas privadas, debe tomar responsabilidad en reconocer los pasivos ambientales que han dado lugar a los conflictos sociales y ser más proactivos en su prevención y resolución.

Escrita por Jorge Adrianzén Prato. Ya se nos hace usual escuchar y leer cotidianamente la escalada social que vive nuestra querida patria.

La más resaltante de este último trimestre ha sido el conflicto social de Pichanaki/Pluspetrol, que llevó a la cantada y nada inesperada renuncia del Ministro de Energía y Minas.

Sin embargo, me permito hacer una deliberación, teniendo como eje central de esta reflexión el conflicto social de Pichanaki que, preciso, aún no está solucionado y continúa en plena vigencia, pudiendo alcanzar un mayor nivel que nadie desea--violencia y pérdida de vidas humanas--si es que no se toma y afronta con la debida responsabilidad y, sobre todo, oportunidad.

Adicionalmente, hay que tener muy presente que estamos ya entrando en un proceso político muy intenso en el que el país va a ser recorrido y azuzado por cuanto oportunista, caudillo y político uno se pueda imaginar.

Dicho esto, cabe precisar que Pichanaki es una ciudad, no es una comunidad campesina, como tampoco una comunidad indígena. Esta ciudad está ubicada en unos de los enclaves cocaleros más recalcitrantes, vive en una constante ausencia de Estado y autoridades, lo que da un marcado desorden y caos. Pichanaki viene siendo liderada por seudo caudillos y oportunistas de momento que se mueven a sus propios intereses económicos y ahora buscan una oportunidad política para lanzarse a la palestra.

Esto es obvio, pues para Pluspetrol la ciudad de Pichanaki no era una zona de desarrollo u explotación, simplemente era su área logística: allí no se habían llevado a cabo ni desarrollado trabajos mayores.

En sana y lógica consecuencia, para alguien ajeno a estas lides, asume que Pluspetrol sí ha estado llevando a cabo actividad extractivas en Pichanaki y consecuentemente sí ha contaminado ríos y consecuentemente el medio ambiente.

Al haber quedado Pichanaki relegada y olvidada por el Estado, pues como queda dicho, se encuentra en zona de selva, se ha visto que el Estado, al momento de acudir a tratar de calmar la asonada de violencia, la ha mantenido como cualquier otra comunidad campesina de costa, olvidando o desconociendo que sus problemas son diametralmente distintos a los de la costa, sierra centro, sierra sur e inclusive el altiplano peruano. Las raíces de los problemas sociales entre una región y otra son absolutamente distintas, así como sus costumbres, tradiciones y creencias. Si realmente se quiere tomar con responsabilidad el conflicto en ciernes, hay que ir a la raíz del mismo, estudiarlo, analizarlo y no quedarnos únicamente en lo que ahora, hoy, se exhibe, pues el remedio que se aplique puede ser muy distinta a la enfermedad que esconde y el desenlace totalmente desconocido.

Históricamente la zona de selva ha sido marginada, olvidada, dejada de lado. El Estado no ha ingresado ni se ha preocupado de lo que allí suceda, pues nunca la integraron a los diversos programas de desarrollo. ¿Motivos? Podrán ser muchos, pero no es el caso analizarlos ahora.

Esta sostenida ausencia de Estado, que se da hasta el día de hoy, ha llevado a que en dicha zona se gesten y arraiguen diversos grupos que realizan actividades y negocios contrarios y reñidos con la ley. Por ello, a estos grupos les favorece y beneficia de manera directa que el Estado se mantenga ausente, pues de haber legalidad, control y autoridad, se acaban sus beneficios y negocios.

Igualmente resalto, en termino general, que el tratamiento que el Estado le ha venido dando al conflicto social de Pichanaki ha sido muy similar al que aplica en cualquier otra zona de nuestro país. Recién se preocupa y actúa cuando ya el conflicto escaló a una etapa de violencia y amenazas contra el Estado, este se hace público, está en todos los diarios y noticieros y al Estado no le queda otra que acudir.
Esta tardía intervención disminuye la capacidad del Estado a dialogar en igualdad de condiciones y encontrar una solución pacífica al problema. Hoy ya es un conflicto vigente, es decir, ante la amenaza de la población el Estado recién toma acción y reacciona, pero sin ninguna posibilidad de lograr una solución definitiva, pues no tiene ni cuenta con las herramientas mínimas ni poder de negociación. Todas las variables están en su contra y lo único que hace es ceder para aplacar el conflicto y pedir tiempo para estudiar las demandas, pero el tiempo se acaba.

Efectivamente, para nada es extraño que el reclamo de Pichanaki se centre en tres principales ejes: agua, contaminación y consecuente daño ambiental, agenda que es común en cualquier reclamo que formulan las distintas comunidades campesinas o nativas a lo largo de nuestro territorio y que ya bien conocen que si arman alboroto, toman caminos y carreteras y amenazan a la fuerza pública, el Estado si va a ceder a sus demandas.

Adicionalmente, quienes ahora “asesoran” en este conflicto social son conocidos caudillos de “antiguas luchas sociales”. Conocen ya como actúa y responde el Estado y adicionalmente han tenido éxito en el conflicto que generaron y ahora replican su conocimiento en Pichanaki.

Ahora bien, no falta razón a lo mencionado por esta ciudad, pero también es cierto que por años, ante la ausencia de Estado, ante la falta de leyes ambientales, falta de fiscalización y control del Estado, es una verdad inocultable que el propio Estado generó diversos pasivos sociales y ambientales en la selva en la explotación de pozos petroleros, pues no existió un adecuado control ambiental, ni política de cuidado y conservación ante la inexistencia de leyes ambientales. A ciencia cierta hasta la fecha nadie conoce con exactitud el pasivo ambiental que el propio Estado ocasionó cuando operaba en la zona de selva.

Ahora el Estado pretende esconder su responsabilidad y trasladarla a la empresa privada sancionando con sendas multas al contratista de turno, situación similar que se da en el sector minero. En este sector, empresas que operan con toda legalidad, seguridad, cuidado y respeto al medio ambiente son sancionadas por pasivos ambientales que ellas no originaron sino que el propio Estado las originó y ahora no quiere reconocer y remediar.

En otras palabras, el Estado no asume responsabilidad alguna de los daños ambientales que se generaron en el pasado. Al no tener la voluntad de remediarlos, es ahora la OEFA quien sanciona a las empresas privadas por lo que el propio Estado generó antes de la legislación ambiental que hoy rige al sector extractivo y de la que ellos son los directos responsables y los llamados a ser quienes asuman su propia responsabilidad.

Hay, pues, que tener una agenda clara una posición definida: tanto el Estado como las empresas que operan en el sector minero como petrolero debe comunicarse, organizarse y sobre todo coordinar entre sí.
Es común ver como empresas que operan en una misma zona geográfica, tienen marcadas diferencias: no conversan entre sí, no se define una intervención integral y ordenada en la zona en que convergen, de tal manera que se vea consonancia y orden. Con ello no pretendo decir que se debe intervenir en las decisiones y políticas internas de cada empresa, no, pues cada quien actúa gerencialmente de manera distinta hacia su propio manejo estratégico y económico. Sin embargo, si se debería consensuar y coordinar y el Estado debería ser claro en ello y no mantenerse simplemente como un observador ajeno a lo que sucede.

Lo que sí es claro y estoy seguro que nadie discutirá es que el Estado no tiene una política de prevención, solo actúa cuando ya existe el conflicto, cuando este ya se desbordó y pasó a una escalada de violencia. No existe la prevención: el Estado no trabaja en este eje fundamental y primario y la ausencia de prevención lleva a los desbordes y violencia social.

Considero que la única vía para evitar toda esta escalada de violencia social es que tanto el Estado como la empresa y sociedad en su conjunto tengan un solo norte, una idea clara de que es lo que se desea desarrollar y para qué.

Cabe como reflexión final mencionar que de continuar esta incertidumbre social y la falta de una política de prevención social clara y definida, no se podrán desarrollar los proyectos que el Perú necesita para su crecimiento y desarrollo sostenido. En los últimos cuatro años no se ha materializado un solo proyecto de envergadura o bien fueron postergados hasta Dios sabe cuándo. Estamos desandando todo lo andado en los últimos años y el daño que se viene causando a la economía del Perú por no tener estas políticas claramente definidas y que efectivamente sean respetadas es mayúscula. Pongamos claridad y decisión para afrontar la problemática social y buscar, en conjunto, la solución.

Jorge Adrianzén Prato es consultor senior en responsabilidad social y relaciones comunitarias y profesor de Postgrado UPC.

Foto: mark globe/flickr/ cc