Conceptos Por moderadorblog - Jueves 5 de septiembre del 2013

La Nueva Ley del Servicio Civil: Algunos Aspectos Controversiales

Escrito por Adolfo Quispichuco

Dos aspectos de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, siguen motivando las protestas de un sector de los trabajadores estatales y de algunas organizaciones sociales: los supuestos despidos masivos que traería consigo la nueva ley y la imposibilidad de negociar colectivamente las remuneraciones. A continuación, analizaremos cada uno de estos aspectos para determinar si cuentan o no con asidero legal.

Los supuestos despidos masivos

Para esclarecer este primer punto, deben analizarse dos escenarios posibles que plantea la norma: lo que sucederá con los miles de trabajadores de los regímenes 276, 728 y CAS con la entrada en vigencia de la ley; y qué ocurrirá cuando los trabajadores que se encuentran en estos regímenes decidan trasladarse al nuevo régimen. 

  • Para los  trabajadores 276, 728 y CAS: La Segunda Disposición Complementaria de la nueva ley señala que los regímenes 276 y 728 seguirán vigentes para los trabajadores que opten por mantenerse en ellos hasta que culmine su vínculo con la entidad, en lo que concierne a las condiciones laborales. Esto quiere decir que si estos servidores deciden no trasladarse al nuevo régimen, mantendrán las mismas condiciones laborales actuales. Es decir, no serán despedidos por efecto de la vigencia de la nueva Ley, lo que no significa que no serán evaluados.
  • Para el caso del régimen CAS, este seguirá siendo aplicado hasta que concluya la implementación del nuevo régimen cuyo plazo máximo se ha establecido en seis (06) años. Sobre este último punto, debemos recordar que los contratos CAS no duran más del año fiscal en que se realizan, pudiendo ser renovados a criterio del empleador. 
  • Para los trabajadores que se incorporen al nuevo régimen: La nueva Ley prevé en su artículo 26º que la evaluación es la base para la determinación de la permanencia en el servicio civil y en su artículo 49º señala que es causal de término del servicio civil la relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación. En tal sentido, solo cesarán los trabajadores calificados como desaprobados, es decir, los que no tengan las competencias mínimas para el puesto a pesar de la capacitación a la que estarán obligadas las entidades del Estado. De esta forma, dependerá del esfuerzo individual de cada servidor mantenerse en el servicio civil.

La imposibilidad de negociar colectivamente las remuneraciones

Cabe señalar que la nueva ley efectivamente prevé en su artículo 40º que ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la ley. Asimismo, el artículo 42º señala que los servidores tienen derecho a solicitar la mejora de sus compensaciones no económicas, es decir, las económicas (remuneraciones) están excluidas de este derecho.
 
Esto, a mi parecer, tiene una explicación razonable: no hay que perder de vista que las remuneraciones (compensaciones económicas) que se establezcan como consecuencia de la aplicación de la nueva ley tendrán como finalidad captar y mantener un cuerpo de servidores eficientes que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos institucionales, tal como se desprende del artículo 28º. Por tanto, este régimen preverá remuneraciones competitivas acordes con la categoría y responsabilidades de los puestos. 
 
Esto implicará también que los componentes principales de las compensaciones económicas (principal y ajustado) se determinarán por bandas remunerativas de puestos aplicables a todas las entidades públicas de manera horizontal. Esto tiene como finalidad garantizar que los servidores que realicen funciones similares en distintas entidades perciban ingresos similares, lo cual responde a la lógica de ordenar el sistema remunerativo del Estado. Siendo así, es evidente que ya no será posible negociar individualmente por cada entidad aumentos de remuneraciones porque esto rompería con el esquema del nuevo sistema y con la lógica de establecer remuneraciones homogéneas tomando en cuenta las familias de puestos y las bandas remunerativas, afectando además la previsión presupuestal que se destine para estos efectos.

Adolfo Quispichuco es Magíster en Gestión Pública por la UPC y Máster por la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Actualmente es Asesor Principal de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

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